Imponen autoridades cuestionario en proceso de inscripciones 2011-2

Durante el proceso de inscripciones que se realizó entre el 10 y el 24 de enero los más de nueve mil estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras se toparon con la imposición de un cuestionario obligatorio sin anuncio ni precedentes. De modo que en la premura del trámite de inscripción, con las claves y horarios de las asignaturas en la cabeza, los estudiantes tuvieron que responder doce preguntas binarias —con su justificación o aclaración respectiva (sí/no y ¿por qué?)—, sin opción de dejar respuesta en blanco.
El cuestionario que concluía con un ruego particularmente curioso —“Si deseas hacer algún comentario o sugerencia acerca de los puntos anteriores u otros, te rogamos que lo incluyas”— terminó siendo una imposición electrónica para concluir el trámite de inscripción; una imposición coercitiva y antidemocrática que incautó en un proceso administrativo la opinión de los estudiantes, sin que éstos tuvieran opción a conservar su anonimato. Los resultados y opiniones, en manos de las autoridades, quedaron etiquetados con el nombre y número de cuenta de cada uno de los consultados, lo que demuestra una necesidad de control excesivo sobre la comunidad estudiantil, o bien, que el ejercicio no partió de una reflexión detenida y cautelosa sobre los métodos de comunicación y discusión adecuados para conocer la opinión de la comunidad sobre las problemáticas y sus posibles soluciones, pues estas no forman parte de lo consultado.
Al parecer, este “formulario” fue impuesto con el objetivo de que “la Facultad funcione lo mejor posible y brinde la atención adecuada permitirá proponer solución a los problemas que interesan a todos los miembros de la comunidad y propiciar el mejoramiento de la facultad” [sic.], lo que permite suponer que los resultados arrojados, al margen de su fidelidad y legitimidad, tendrán consecuencias efectivas en el mejoramiento de las condiciones del estudiantado, pues obliga a las autoridades a actuar en consecuencia. Sin embargo, en ninguna pregunta se solicitan sugerencias al estudiantado sobre la solución a los problemas.
En este sentido, si bien la dirección considera esta imposición como “un ejercicio importante de participación estudiantil”, está lejos de ser un avance cualitativo respecto a la inclusión del estudiantado en la toma de decisiones. El cuestionario, además de arrojar algunas preguntas sin un valor sustancial —como la pertinencia de un servicio de fotocopiado o la venta de alimentos al interior de la Facultad—, manifiesta de manera explícita la poca importancia que se brinda a la participación estudiantil en la toma de decisiones, a juzgar por la pregunta número 6 que conglomera indistintamente las actividades recreativas (coro, estudiantina, equipos deportivos) con los órganos representativos de la Facultad (Consejo Técnico y Comités Académicos).
Por otra parte, la pregunta 9: “¿Has sido víctima de algún delito[…]?” pone en evidencia que el discurso sobre la inseguridad con que se quiere justificar la instalación de cámaras y la presencia de cuerpos de vigilancia está basado en suposiciones y no en datos reales sobre las problemáticas con la comunidad, de otro modo no tendrían la necesidad de obtener estas estadísticas a través de cuestionarios exprés vía electrónica.
De manera que el ejercicio reafirma los métodos con que proceden las autoridades para tener un acercamiento a la comunidad, ya que puede interpretarse como una respuesta a los cuestionamientos públicos y a la presión ejercida por la participación activa de los estudiantes de la Asamblea durante el semestre pasado; no sólo lo demuestra la similitud de contenidos con la consulta estudiantil realizada en septiembre —comedor, cámaras, fotocopias, biblioteca—.
El día 14 de diciembre de 2010 los comisionados de la Asamblea asistieron al Aula Simón Bolívar para recibir la respuesta a la solicitud escrita de un Segundo Diálogo Público para el 17 de febrero. Los representantes de la dirección, la Dra. Leticia Flores Farfán y el Mtro. José David Becerra, coordinadores de Filosofía y Letras Clásicas, respectivamente, a falta de una respuesta expresa a la solicitud —ya que “trabajar una propuesta de diálogo era complejo y requería de más tiempo”— anunciaron que realizarían una consulta el semestre entrante para definir los mecanismos de "diálogo" con la comunidad. Afirmaron, asimismo, que el ejercicio se emprendería al margen de cualquier trabajo conjunto con los estudiantes que no pertenecieran a los órganos institucionales ya existentes, en una palabra cerraron la posibilidad de participar directamente a la comunidad y la Asamblea
Las autoridades de la Facultad han hecho manifiesta su nula disposición a dialogar abiertamente con el estudiantado y a consultar a la comunidad para la toma de decisiones y resolución de los problemas de la misma. Pretenden que los métodos electrónicos, suplanten el diálogo con la comunidad; esto a decir de los comunicados previos y el documento con los resultados en la página electrónica de la facultad que, además, está protegido para evitar su impresión; tal vez para garantizar que nadie pueda discutirlo colectivamente...
Franca Rolón